Buscar la solución al conflicto social y armado colombiano por la vía militar es socialmente injusto, económicamente inviable y políticamente errado, pues por esta vía no se hace más que mantener y reproducir las condiciones que dieron origen históricamente al conflicto: violencia e injusticia social. La única vía viable para la sociedad, el gobierno y la insurgencia es la búsqueda de la paz con justicia social, a la cual no se podrá llegar sin antes superar la confrontación militar por medio de la solución política y dialogada del conflicto. El acuerdo humanitario que se plantea es una alternativa que parte del intercambio humanitario para la liberación de todas las personas detenidas o retenidas por razones relacionadas al conflicto, y a partir de este acto sentar las bases para los posteriores diálogos de paz con cese bilateral del fuego.
El militarismo es socialmente injusto.
Con el fracaso de los diálogos de paz en el Caguán en el año 2001 y la llegada al poder del presidente Álvaro Uribe, se fortaleció la línea militarista de la oligarquía colombiana. La consigna que prevaleció en los últimos dos periodos de gobierno fue “mano dura”, cerrando el paso a un eventual proceso de paz o tan siquiera al intercambio humanitario, medida enmarcada en la normatividad vigente internacionalmente para la regulación de los conflictos internos aplicable al caso colombiano.
En desarrollo de esta consigna y continuando con la ejecución del Plan Colombia firmado en el año 2000 el gobierno ha recibido de EEUU entre el 2000-2006 4.700 millones de dólares, utilizando el 80% de este presupuesto en fortalecimiento militar y el restante 20% en programas “sociales”[1]. Cabe resaltar que si bien en su origen los recursos del Plan eran de uso limitado a las operaciones antinarcóticos, con el atentado a las torres gemelas y la llegada a la presidencia estadounidense de George W. Bush en 2001, se flexibilizó el uso de este presupuesto para combinar las operaciones antinarcóticos y las “antiterroristas”.
Por parte del gobierno nacional la destinación del PIB para el sector defensa ha venido en crecimiento desde el año 1999 pasando de menos del 4% hasta llegar a más del 6% (22 billones) en el año 2007[2]. Como consecuencia de este descomunal gasto en el sector defensa la inversión social es la más afectada, pues las transferencias en salud, educación y saneamiento ambiental en conjunto apenas alcanzan a igualarlo[3], profundizando la pobreza y desigualdad en el país.
En efecto, según el último informe publicado oficialmente sobre pobreza en Colombia, el 45,5% (20 millones de personas) de los colombianos sobreviven en condiciones de pobreza, siendo las zonas rurales las más afectadas por este fenómeno, mientras el 16,4% (7 millones de personas) lo hace en la pobreza extrema (indigencia)[4]. Como correlato de esta situación encontramos que la cobertura[5] educativa no alcanza la universalidad ni siquiera en el nivel básico primario (90%), siendo la media (38%) y la superior[6] (35%) las más preocupantes, indicador que pone de manifiesto el carácter elitista y excluyente del sistema educativo colombiano, sin necesidad de analizar temas como la calidad y la financiación; así mismo la salud se ha convertido en una mercancía más a la cual se tiene acceso de acuerdo a la capacidad de pago del cliente, dejando por fuera del sistema de seguridad social a más del 11% de la población (4.2 millones de personas), con condiciones deplorables de atención para el 76% de la población del régimen subsidiado (22.9 millones de personas), mientras el 7.8% del PIB que es destinado por el gobierno para el gasto nacional en salud termina en las cuentas bancarias de los dueños de las EPS que funcionan como intermediarias para la prestación del servicio[7].
El 51% de los hogares colombianos (5.57 millones) habita en sitios arrendados[8] y cerca de 2.800.000 no tienen instalado el paquete de los servicios domiciliarios básicos; 5.000 niños mueren cada año por desnutrición y 2.600 niños mueren como consecuencia de la escasez y mala calidad del agua; 12 de cada 100 niños en las ciudades están desnutridos, 17 de cada 100 en las zonas rurales y 12 millones de personas no cuentan con agua potable a través de servicios de acueducto. Para junio de 2010, el DANE reportó un 11,6% de desempleo en Colombia, es decir, 2.52 millones de personas sin empleo, que sumadas a las 7.75 millones de personas reportadas como subempleadas (32.7%) significan más de 10 millones de personas sin un empleo real[9].
También se debe tener en cuenta el costo en vidas humanas que significa la vía militarista. De acuerdo con las cifras oficiales, durante los ocho años del gobierno Uribe han muerto en combate 21 mil soldados, policías, guerrilleros y paramilitares. Además se estima que la violencia relacionada con el conflicto ha dejado como resultado la muerte de otros 14 mil civiles no combatientes –víctimas inocentes o personas a quienes se les ha negado el debido proceso– entre 2002 y 2008[10].
El militarismo es económicamente inviable.
Según el informe del ministerio de defensa sobre los logros y retos de la política de defensa y seguridad democrática del año 2005, en Colombia se invirtieron 17.5 millones de dólares diarios en la guerra entre 2003 y 2005; es decir: 16.7 billones de dólares, de los cuales cerca del 12% fueron aportados por los EEUU, alrededor del 10% se extrajeron del impuesto al patrimonio y casi el 80% se obtuvo del presupuesto nacional[11]. Este gasto militar se ha visto reflejado en el desmesurado aumento del pie de fuerza en Colombia, el cual era de 160.000 efectivos en 2002 y a julio de 2010 ya completa 431.253 hombres y mujeres: 285.382 en el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, y 145.871 en la Policía[12], en un país cuyo gobierno dice no tener ningún conflicto interno.
Respecto a la composición de las guerrillas y los paramilitares los datos son asombrosos tanto por su exactitud, como por su ambigüedad. Para el año 2002 el informe ofrece los siguientes datos: AUC: 12.175 miembros; FARC: 16.900 miembros; ELN: 3.700 miembros[13]. En 2007, suponiendo la desmovilización de las AUC el gobierno reporta que las FARC tenían 11.000 miembros y el ELN 2.500, así como 27.290 capturados, 9.841 abatidos y 13.333 desmovilizados para un total de 50.464 miembros menos en las filas de ambas organizaciones insurgentes[14].
Como salta a la vista, la cantidad de miembros capturados, abatidos o desmovilizados es dos veces superior a la cifra inicial, lo cual pone en duda la veracidad de la información y deja muy mal parada la eficiencia de la denominada política de seguridad democrática, pues si son ciertas las cifras significa que la insurgencia colombiana está muy lejos del “fin del fin”, ya que de cada 100 subversivos retirados del conflicto la guerrilla ha logrado reclutar 84 nuevos miembros, que en total para el periodo analizado significan 42.363 nuevos combatientes.
Según el estudio de ISAZA (2007), partiendo de la hipótesis que sólo el 30% del presupuesto del sector defensa se utiliza para la lucha contrainsurgente (hipótesis valorada como conservadora por los mismos investigadores), y que las cifras de efectividad del combate obedecen a bajas guerrilleras y no a ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos), el costo económico del retiro efectivo de un guerrillero sea por captura, muerte o desmovilización, estuvo entre 1.000 y 1.500 millones de pesos en un periodo de cuatro años (2003-2006). Sin embargo, analizando entre periodos se tiene que entre 1995-2002 el costo estimado por cada retiro efectivo era de $629 millones, entre 2002-2003 el costo se redujo a $293 millones, pero entre 2005-2006 el costo aumento a $5.662 millones.
El Plan Colombia y la política de seguridad democrática del gobierno de Álvaro Uribe son un evidente fracaso. Ni siquiera respecto al tema del narcotráfico los resultados son satisfactorios, pues en el periodo de 2001 a 2006 el área de coca sembrada pasó de 145 mil a 78 mil hectáreas, siendo el periodo de 2001 al 2003 cuando ocurrió la disminución más significativa pasando a 86 mil hectáreas; de ahí en adelante sólo se disminuyeron 8 mil hectáreas pero se aumentó la fumigación a 130 mil hectáreas/año, logrando erradicar sólo 1 hectárea por cada 30 hectáreas fumigadas. En términos de la producción de cocaína los resultados son aun peores, pues ésta pasó de 617 a 610 toneladas entre 2001 y 2006, teniendo que haber “erradicado” por aspersión 804.686 hectáreas para disminuir estas siete toneladas; aunque si se mira del 2002 al 2006 la cosa es aún peor, pues tras el relativo éxito en 2001, la producción aumenta 30 toneladas a pesar de la fumigación de 710.533 hectáreas[15].
El militarismo es políticamente errado.
El modelo militarista asumido por la oligarquía tradicional colombiana para tratar los problemas socio-económicos y políticos de la Nación, deja como saldo un pueblo desangrado, desplazado y empobrecido, y una institucionalidad deslegitimada. El Estado colombiano se encuentra en una profunda crisis de legitimidad como resultado del manejo violento y corrupto al que se han acostumbrado las élites nacionales para mantenerse en el poder y conservar sus privilegios.
Los últimos dos periodos de gobierno son prolijos en ejemplos que demuestran el estado de descomposición al que han llegado las instituciones estatales. Sin embargo, el caso más destacable por su gravedad y profundidad es el de la denominada “parapolítica”. Bajo este nombre se conoce la estrategia utilizada por los sectores políticos y económicos que ostentan el poder en Colombia para eliminar físicamente a sus opositores y aterrorizar a la población para tener un control total del territorio, los recursos y sus pobladores.
Según el último informe de la Corporación Nuevo Arco Iris, a julio de 2010 existen procesos por vínculos con el paramilitarismo contra 3 gobernadores, 5 alcaldes y 6 concejales elegidos para el periodo 2007- 2011, y contra 16 ex gobernadores, 38 ex alcaldes, 12 ex diputados, y 21 ex concejales elegidos para periodos anteriores. En total son 101 figuras políticas regionales procesadas. Además se expone una lista de 91 congresistas procesados elegidos para el periodo 2006-2010, y de 24 elegidos para periodos legislativos anteriores. Tan sólo para el último periodo 2006-2010, el 60% de los casos sigue pendiente, entre llamados a juicio, investigación previa e instrucción, mientras que el 79% de todos los casos han hecho referencia a miembros de partidos que pertenecen o pertenecieron a la coalición uribista[16].
El paramilitarismo es un fenómeno que azota a Colombia desde hace décadas y sus orígenes en el actual conflicto los podemos encontrar en los grupos conformados por el partido conservador llamados “pájaros” o “chulavitas” durante el periodo conocido como la violencia (1948-1953). Los crímenes imputados al paramilitarismo superan los 12.000 casos y los 30 mil asesinatos[17]. Este fenómeno político-militar que afecta gravemente al poder ejecutivo y legislativo ha llevado a la crisis a otra de las ramas del poder: la rama judicial, pues el “acuerdo” negociado entre el gobierno de Álvaro Uribe y las AUC para su desmovilización llamado “Justicia y Paz”, según el cual el gobierno ofreció sentencias leves a cambio de confesiones completas y reparación de las víctimas, es un verdadero fracaso ya que hasta la actualidad ningún jefe paramilitar ha sido condenado por los horrendos crímenes cometidos ni se le han devuelto las tierras a las miles de familias afectadas por estos; 45 miembros de las organizaciones de victimas que se han creado para exigir verdad, justicia y reparación han sido asesinados, y la impunidad sigue reinando[18].
Pero la descomposición de la institucionalidad colombiana va más allá con el caso de los denominados “falsos positivos”. Este fenómeno que debe entenderse claramente como terrorismo de Estado es el montaje al que son sometidos civiles empobrecidos engañados por el ejercito con promesas de empleo para sacarlos de sus territorios y luego asesinarlos a sangre fría y hacerlos pasar como guerrilleros dados de baja en combate, y surge como consecuencia de las presiones de los altos mandos del gobierno por mostrar resultados en el desarrollo de la política de seguridad democrática y la ejecución del Plan Colombia. Hasta el momento se considera que son más de 5.000 las víctimas de estos crímenes perpetrados por el ejército colombiano con ayuda de los grupos paramilitares sin que hayan sido condenados los verdaderos culpables de los mismos.
Finalmente, sin querer decir que esto sea lo más grave o lo último en materia de descomposición institucional, se tiene el caso del departamento Administrativo de Seguridad –DAS. Esta institución que se encuentra bajo el mando directo del presidente de la República, atraviesa por una crisis de legitimidad y de legalidad profunda debido primero al caso de su ex director Jorge Noguera, sentenciado por parapolítica y quien entregó información de defensores de derechos humanos, dirigentes sociales y políticos de oposición a los paramilitares del bloque norte para su posterior asesinato; y segundo porque desde esta agencia de inteligencia de la presidencia se oían y grababan las conversaciones telefónicas de decenas de defensores de los derechos humanos, periodistas independientes, políticos de oposición e inclusive jueces de la Corte Suprema, en especial los que investigaban la “parapolítica”, información con la cual se montaban luego falsas acusaciones de ser colaboradores de la guerrilla para desprestigiarlas políticamente y buscar armar procesos judiciales.
El Acuerdo Humanitario y La Solución Política es la única opción.
Se considera que una de las herramientas iniciales para la construcción de caminos de paz en Colombia consiste en la promoción de un acuerdo humanitario que resulte en un intercambio entre prisioneros políticos y agentes de la fuerza pública retenidos, en donde se haga expresa la voluntad política de buscar la paz y se reconozca que no existen impedimentos técnico-jurídicos, aprendiendo de las experiencias internacionales y de aquellas experiencias nacionales del pasado.
Por otro lado, en términos de la recuperación de la confianza entre las partes y la generación de garantías, es fundamental el acompañamiento de la comunidad internacional, de los países vecinos que se encuentran desarrollando procesos de democratización y lucha contra el neoliberalismo, y de aquellos sectores sociales de otros países que están interesados en acabar con la guerra en Colombia y en promover la paz, puesto que nuestra paz tiene un gran significado para la paz continental y mundial.
El proceso de paz en Colombia requiere de la participación activa y decidida de todos los sectores sociales, y en particular de los movimientos sociales y populares expresados en distintas formas organizativas, para la construcción de propuestas conducentes a la superación de las condiciones que han venido alimentando este conflicto mediante la recuperación y el reconocimiento de sus luchas y reivindicaciones históricas como elementos importantes de la Agenda de Paz que debe guiar la discusión.
Así mismo, los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la sociedad al influir en la construcción de imaginarios colectivos y en el papel que los ciudadanos del país deben jugar en pro de la construcción de una Nación democrática, en paz y con justicia social. Por tanto, se rechaza la manipulación que desde los medios masivos de información se viene haciendo frente a los esfuerzos emprendidos desde diversos sectores sociales de Colombia por el diálogo, la convivencia, el acuerdo humanitario y la paz.
Como propuesta surgida del seno de la comunidad universitaria hacemos un llamamiento enérgico al estudiantado, al profesorado, a los trabajadores y en especial a las directivas de las instituciones de educación superior colombianas para que se comprometan con la paz y la justicia social mediante la apertura de espacios académicos desde donde se discuta la problemática del conflicto social y armado colombiano que azota al país desde hace décadas y se construyan propuestas serias que se le ofrezcan a la sociedad y al Estado para la superación de las condiciones que mantienen al país en el atraso y la dependencia social, económica y política.
[1] Informe de la Misión de Observación sobre los efectos del Plan Colombia en los departamentos de Nariño y Putumayo. 2004. Doc. PDF.
[2] IZASA, José., CAMPOS, Diógenes. Algunas consideraciones cuantitativas sobre la evolución reciente del conflicto en Colombia. Bogotá, 2007. Doc. PDF.
[3] IZASA, José., CAMPOS, Diógenes. Óp. cit.
[4] Misión para el empalme de las series de empleo, pobreza y desigualdad (MESEP). Cifras de pobreza, pobreza extrema y desigualdad 2009. Abril de 2010. DANE. Doc. PDF.
[5] PIÑEROS, Luis Jaime. Una mirada a las cifras de la educación en Colombia 2002-2009. Proyecto “Educación compromiso de todos”. Bogotá, 2010.
[6] MINISTERIO DE EDUACION NACIONAL. Estadísticas de Educación Superior. Diciembre de 2009.
[7] MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Situación de salud en Colombia. Indicadores básicos. 2008.
[8] http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-4077198
[9] http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=1334439
[10]http://www.razonpublica.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1191:si-el-plan-colombia-es-un-exito-ique-es-un-fracaso&catid=19:politica-y-gobierno-&Itemid=27
[11] LA PAZ, Allende. Plan Colombia el Conflicto interno colombiano. 2006. Doc. PDF.
[12] Pie de fuerza militar llego a su techo. En: http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/pie-de-fuerza-militar-llego-a-su-techo_4785562-1
[13] LA PAZ, Allende. Op. Cit.
[14] IZASA, José., CAMPOS, Diógenes. Óp. cit.
[15] Ibíd.
[16] http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article4381
[17] http://www.ntn24.com/content/crimenes-paramilitares-colombia-continuan-impunes-segun-estudio-ong
[18]http://www.razonpublica.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1191:si-el-plan-colombia-es-un-exito-ique-es-un-fracaso&catid=19:politica-y-gobierno-&Itemid=27
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